A tres años del presunto asesinato de su hijo, José Eduardo Ravelo, Dora María Ravelo acusa que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) de Yucatán ha abandonado el caso. Señala la falta de apoyo económico y jurídico, así como deficiencias en los servicios médicos y terapéuticos que debería recibir como víctima indirecta.
Ravelo expresó su frustración al no ver avances significativos en la investigación, afirmando que los peritos contratados de forma independiente podrían contradecir el dictamen de la Fiscalía General de la República (FGR), que concluyó que su hijo murió de neumonía. Según Dora María, las pruebas indican que su hijo fue víctima de tortura y violación, y el metaperitaje, cuyo costo oscila entre 80 y 120 mil pesos, sería crucial para desmentir la versión oficial.
Dora María Ravelo ha señalado que la CEEAV no ha cumplido con su responsabilidad de proporcionarle los recursos necesarios para la continuidad de la investigación, incluyendo el transporte a la Ciudad de México, donde su equipo legal investiga el caso. La madre de José Eduardo explicó que las autoridades no han facilitado su traslado adecuado, lo que ha obstaculizado las diligencias necesarias ante la FGR.
Además, Dora María denunció que ha recibido terapia en apenas cinco ocasiones durante tres años, y que la atención médica que se le ha brindado ha sido insuficiente y burocrática. A pesar de sus derechos como víctima indirecta, se le ha exigido autorización del Ministerio Público para recibir atención médica, lo que ha añadido más obstáculos a su proceso de recuperación emocional y física.
Ante la falta de avances, Ravelo solicitó una reunión con la comisionada de la CEEAV para conocer las razones del estancamiento del caso y la falta de recursos. También ha expresado su preocupación por la falta de acción por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que debía supervisar la capacitación de los cuerpos policiales de Mérida, según las recomendaciones emitidas tras el incidente.
Dora María Ravelo exige justicia para su hijo y solicita que se cumplan las recomendaciones emitidas por la CNDH, como la capacitación de los policías municipales y la disculpa pública por parte del exalcalde Renán Barrera. Sin embargo, la resolución final del caso dependerá de un juicio que aún no ha tenido lugar, lo que retrasa la posibilidad de una reparación integral por el daño sufrido.
En resumen, la madre de José Eduardo Ravelo enfrenta una batalla legal y emocional por la justicia de su hijo, mientras denuncia la falta de apoyo y la inacción de las autoridades y organismos responsables en Yucatán.
