Especial / La Revista
La Mesa Directiva de la LXII Legislatura dio lectura al acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para otorgar la suspensión de los efectos de dicha reforma a la Constitución de Quintana Roo, para que se abstenga a realizar cualquier acto formal o material que amplíe o modifique los límites territoriales o la jurisdicción que actualmente se conservan en Yucatán y Quintana Roo.
Así como los municipios de Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Chikindzonot, Peto, Tzucacab y Tekax, y se abstengan de crear nuevas autoridades dentro de las localidades mencionadas; de igual forma, se ordena que continúen desempeñando las funciones y prestando los servicios públicos a la población que habiten en la franja territorial que es materia de la controversia, en tanto se dicte sentencia en el expediente principal.
En otros temas, ante el pleno de los diputados, también tomaron compromiso constitucional la ciudadana Adriana de León Carmona, como nueva integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; al igual que Manuel López Mapel y Elmer Rodríguez García, como nuevos consejeros consultivos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Por otro lado, con el voto en contra de la fracción de Morena, por mayoría fue avalado el dictamen para desechar las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado y a la Ley de Partidos Políticos.
De igual manera, fue avalada por mayoría la moción suspensiva, propuesta por Silvia López Escoffié (MC), del dictamen para modificar la Ley de Salud, en materia de Objeción de Conciencia, Planificación Familiar y Establecimiento de Bebidas Alcohólicas, con el objetivo de regresar el tema a la comisión de Salud y Seguridad Social, para ampliar su análisis.
En contraparte, Manuel Díaz Suárez (PAN) argumentó que no había elementos suficientes para votar a favor de la moción suspensiva y, por el contrario, en el caso de Objeción de Conciencia, es un mandato federal, al aprobarse las reformas en la materia en la Ley General de Salud en el Congreso de la Unión, en mayo de 2018, que especifica que las legislaturas locales tienen 90 días naturales para dictaminar al respecto.
En asuntos generales, María Moisés Escalante (PRI) presentó una iniciativa que contiene reformas y adiciones al artículo 325 del Código Penal del Estado, en materia de insolvencia económica voluntaria tratándose de los deudores alimentistas, que tiene el objetivo de garantizar la puntual, regular y periódica entrega de dichos alimentos como satisfactores de las necesidades básicas que niñas y niños requieren de sus progenitores.
En tribuna, Luis Aguilar Castillo (NA) solicitó a la Directora de ISSTEY, Isabel Rodríguez Heredia, y al Consejo Directivo, que ya se aplique de manera inmediata, los esquemas optativos de jubilación o pensión, porque el atraso afecta de manera importante el ingreso económico de los trabajadores que pudieren ser beneficiados en este esquema.
De la misma forma, requirió al Gobierno del Estado convoque a las organizaciones sindicales y sociales, para que entre todos, se busque una solución y se construya una ley en la que todos estén protegidos, ante la urgencia de una reforma integral al ISSTEY, “para sacarlo del bache donde se encuentra, pero esta construcción no debe ser unilateral sino que debe ser construida por todos”.
