Cancún, Quintana Roo, 7 de agosto de 2024.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo ha vinculado el reciente ataque con granada a una construcción en Cancún al cobro de “derecho de piso”. El artefacto explosivo fue lanzado durante la madrugada, causando daños materiales pero sin víctimas. Este incidente es parte de una serie de extorsiones y amenazas dirigidas a negocios y proyectos de construcción en la región.
La FGE ha iniciado una investigación para identificar a los responsables y desmantelar las redes criminales implicadas en estas extorsiones. Hasta ahora, se ha identificado un patrón de intimidación y violencia contra empresarios y constructores que se niegan a pagar el “derecho de piso”, una práctica común en algunas áreas de México donde grupos criminales cobran una tarifa a cambio de “protección”.
Las autoridades locales han reforzado la seguridad en la zona y están colaborando estrechamente con los afectados para prevenir futuros ataques y garantizar la seguridad de la comunidad. El presidente municipal de Cancún, y líderes empresariales han condenado el ataque y han solicitado mayor intervención del gobierno estatal y federal para combatir estas prácticas extorsivas.
“No vamos a permitir que la delincuencia organizada siga intimidando a nuestra comunidad. Estamos trabajando junto con la FGE y otras autoridades para asegurar que estos criminales sean llevados ante la justicia”, declaró el gobernador de Quintana Roo.
El cobro de “derecho de piso” es una forma de extorsión que ha afectado a diversas regiones de México. Los grupos criminales exigen pagos regulares a cambio de no dañar propiedades o agredir a los dueños y trabajadores. Este problema ha aumentado en los últimos años, impactando negativamente el desarrollo económico y la seguridad en varias comunidades.
El ataque con granada en Cancún es un recordatorio alarmante de los desafíos que enfrentan las autoridades locales y estatales en su lucha contra la delincuencia organizada. La FGE continúa sus investigaciones para desarticular las redes de extorsión y garantizar la seguridad de los ciudadanos y empresarios.
