Para que no le digan y no le cuenten.
Mtro. Ernesto Mena Acevedo
Mientras se aproximan las fechas para las renovaciones en los poderes legislativo y ejecutivo federal, dos son los temas que más dominan la discusión pública, puesto que la oposición los ha tomado como banderas: la mayoría calificada en el congreso de la unión, especialmente en la cámara de diputados, y la reforma del poder judicial.
Después del fracaso de la estrategia opositora empleada en la elección del pasado 2 de junio, la cual estuvo enfocada en la construcción de una percepción ficticia; empleando a encuestadoras subvencionadas (con Massive Caller a la cabeza), a la mayoría de las televisoras y radiodifusoras, a portales informativos “patito” en las redes sociales, a periodistas, opinólogos, intelectuales, etc., difundiendo la imagen surrealista de que, la contienda presidencial estaba muy pareja y que cuando faltaban pocos días para la jornada electoral, la candidata del bloque neoliberal ya había rebasado a Claudia Sheinbaum.
Dicha estrategia no funcionó como señuelo para evitar que se concretara el llamado “Plan C”. Sin embargo, sorpresivamente, los mismos actores políticos recurren a la misma estrategia con casi los mismos elementos (con la excepción de Massive Caller que por su descrédito mayúsculo no es útil para este objetivo) para tratar de evitar que se apruebe la reforma constitucional concerniente al poder judicial.
Para este fin, enfocan sus baterías en contra de la conformación del congreso de la unión, pidiendo que no se aplique el procedimiento establecido constitucional y legalmente, para que el partido morena y sus aliados no puedan tener mayoría calificada.
Por una parte, alegan, tácitamente, que de efectuarse la asignación de las diputaciones de representación proporcional de la forma como dispone la constitución y como se ha hecho, significaría otorgar una sobrerrepresentación a los partidos que apoyan el proyecto de la Cuarta Transformación. Para este propósito, cambian la retórica. Ya no dicen que debe aplicarse lo estipulado textualmente, esto es, el eufemismo “la ley es la ley” es reemplazado por el de una “interpretación histórica”.
Al mismo tiempo y de forma paradójica, se refieren parcialmente a la literalidad de los preceptos constitucionales, aduciendo que se vulneraría el límite de 300 diputaciones y del 8 por ciento, considerando falazmente para esto la suma de diputaciones por coalición electoral cuando esos mismos preceptos señalan expresamente que es por “partido político.”
Realmente el problema para la oposición no es una sobrerrepresentación sino la “sobrevotación” que obtuvieron morena y sus aliados, lo cual se refleja en los resultados y en los márgenes de diferencia. Pero insisten en ello como último recurso
para defender el único reducto que les queda para torpedear al proyecto antagónico, el cual desde su llegada al poder en el 2018 ha ido desmantelando las estructuras del régimen anterior que tanto les beneficiaba.
Es decir, no hay ningún riesgo de violación constitucional ni legal, ni peligro de que el poder judicial sea secuestrado o dominado. Simplemente, la oposición pretende que se defina de forma arbitraria por unos cuantos, lo que se definió por millones de ciudadanas y ciudadanos y, que la constitución mandata claramente. Pero para la cúpula opositora respetar la mayoría calificada significa atentar contra sus propios intereses.
Por eso recurren a una argumentación ambigua y sin sustento jurídico al querer explicar lo inexplicable, que se sintetiza en apostar para que se ignore la disposición de la Ley Suprema. Por ello también invocan a los cincuenta mil trabajadores del poder judicial de la federación que no forman parte de la élite privilegiada de dicho poder para usarlos como carne de cañón, sin acreditar cuál artículo o fragmento de la iniciativa afecta sus derechos laborales.
Con respecto a la forma de elección propuesta para ministros, magistrados y jueces, que tanto cuestionan, en Yucatán tenemos el mejor ejemplo. Con la reforma del poder judicial local de hace dos años se renovó la totalidad del Tribunal Superior de Justicia que, con independencia del incremento de sus integrantes, lo destacable, es que la gran mayoría, sino es que todas, las personas electas carecen de la debida experiencia judicial y son afines al gobernador. El método electivo fue el mismo, por medio de votación de las y los diputados y no por voto popular.
El resultado electoral reciente es muy ilustrativo, pues no se trata sólo de números si no de manifestación fehaciente a favor de lo que se quiere, pero al parecer nuevamente se desprecia el sentir de la ciudadanía que, para el caso del poder judicial, mayoritariamente se ha manifestado a favor de la reforma a través de diversas mediciones.
Ante el discurso porfiado de que se está ante el peligro del autoritarismo, debe tenerse presente que, una de las premisas de aquél reside en la imposición de la voluntad de unos cuantos sobre las amplias mayorías.
Muchas Gracias Lic. Ernesto Mena… como siempre, tus columnas muy acertadas… muy clara y entendibles… sobre todo ahora que la oposición ha emprendido la estrategia del falso debate en estos temas… falsario porque no tienen argumentos firmes que aportar… una vez más agradezco tu generosa opinión.
Ese método de definir el número de pluris por partido fue calculado por la oposición para de tratar de maioritear en la mayoría relativa y hacer cochinos entre PRI y PAN para tener mayoría absoluta. Con ese procedimiento hicieron cambios para avanzar en
La venta de los recursos del país a empresas extranjeras y demás triquiñuelas. Que no traten de confundir ahora. Ya sabemos que son una bola de malandros.
Más claro que el agua no pudo ser amigo……saludos, la reforma va xq va, así lo dispuso el pueblo