El hallazgo en Ciudad Juárez de 383 cadáveres y restos de seis personas en el crematorio “Plenitud”, localizado en la colonia Granjas Polo Gamboa, ha desencadenado una ola de angustia y reclamos de justicia. Desde el jueves 26 de junio, vecinos comenzaron a reportar olores fétidos; al inspeccionarse el inmueble, se descubrieron cuerpos embalsamados acumulados, algunos desde 2020, sin haber sido incinerados como correspondía .
Las autoridades estatales arrestaron al propietario, José Luis A. C., de aproximadamente 39–50 años, y al empleado Facundo M. R., quienes prestaban servicios a al menos seis funerarias locales . Se les imputan delitos por inhumación clandestina, tratamiento indebido de restos y posibles fraudes, con penas de hasta 17 años de prisión . La Fiscalía de Chihuahua lo calificó de “atroz” e “inédito” y acusó negligencia criminal en el manejo higiénico de los cuerpos .
Mientras tanto, decenas de familias hacen largas filas desde el martes 1 de julio en la Fiscalía General del Estado para intentar identificar a sus seres queridos y cerciorarse de que las cenizas que les entregaron correspondan realmente a ellos. Varios familiares denunciaron que podrían haberse entregado cenizas falsificadas .
El proceso de identificación está en marcha: hasta el momento se han confirmado 15 cuerpos, entre ellos cuatro menores (dos neonatos y dos niños), dejando pendientes de identificar 368. Se prevé que el proceso podría tardar de uno a dos meses debido a la degradación del ADN por los químicos de embalsamamiento .
La Fiscalía ha desplegado un equipo de 80 peritos y ordenado mil 500 fotografías forenses. Además, examina negligencias de autoridades sanitarias en la supervisión del crematorio, que carecía de instalaciones de refrigeración y había cumplido un acuerdo mercantil con funerarias sin cumplir con la incineración .
En los próximos días se celebrará la audiencia de vinculación a proceso (programada para el 4 de julio), mientras que las investigaciones en curso buscarán responsabilidades tanto en los operadores del crematorio como en funcionarios públicos que habrían omitido inspecciones esenciales.
Este desgarrador episodio expone graves fallas en la cadena mortuoria, con consecuencias directas para las víctimas y sus familias, quienes exigen explicaciones claras y sanciones ejemplares. A la espera de los resultados periciales, prevalece la incertidumbre y el reclamo social por el derecho a una sepultura digna y a una justicia que restituya la verdad en medio del dolor.
