La Fiscalía General de la República (FGR) impulsa la reapertura del caso contra Naasón Joaquín García y otros dirigentes de la organización religiosa La Luz del Mundo, luego de que en 2025 se determinara el no ejercicio de la acción penal durante la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la actual titular de la FGR, Ernestina Godoy, solicitó formalmente la reapertura del expediente a partir de la inconformidad presentada por las víctimas, quienes impugnaron la decisión de cerrar la investigación.
La mandataria explicó que se programó una audiencia judicial en la que un juez determinará si se revoca la resolución previa. En caso de que esto ocurra, la fiscalía podrá retomar las indagatorias y avanzar en la integración de posibles cargos.
El caso contra Naasón Joaquín García ha sido uno de los más controvertidos en los últimos años, debido a las acusaciones de abuso sexual, trata de personas y delitos financieros atribuidos a la cúpula de la organización religiosa. Aunque en México la investigación fue cerrada, el líder fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con abuso sexual de menores, lo que ha mantenido la presión pública para que las autoridades mexicanas actúen.
Sheinbaum señaló que, según información presentada en el gabinete de seguridad, la fiscal Godoy ha mantenido acercamientos con las víctimas y respalda su solicitud de que el caso sea reabierto. La presidenta indicó que desconoce las razones que llevaron al cierre del expediente el año pasado, pero subrayó que la actual administración de la fiscalía está trabajando para revertir esa decisión.
El origen del proceso se remonta a una investigación de varios años que involucró denuncias de integrantes y exintegrantes de La Luz del Mundo, quienes señalaron la existencia de una estructura de poder al interior de la organización que habría facilitado la comisión de delitos graves. Sin embargo, la determinación de la FGR de no ejercer acción penal generó críticas de víctimas y organizaciones, que acusaron falta de justicia y posibles omisiones institucionales.
En este contexto, la audiencia programada representa un punto de inflexión para el caso, ya que permitirá revisar la legalidad del cierre previo y definir si existen elementos suficientes para continuar con la persecución penal. La decisión judicial será determinante no solo para las víctimas, sino también para la credibilidad de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
El intento de reapertura ocurre en medio de un debate público sobre la actuación de las autoridades en casos de alto impacto y sobre la necesidad de garantizar acceso a la justicia en investigaciones relacionadas con abuso y estructuras de poder. La resolución que emita el juez marcará el rumbo de uno de los expedientes más sensibles en la agenda judicial reciente del país.
