Las comunidades mayas de San José Tipceh, en Muna, y Plan Chac, en Sacalum, lograron la cancelación definitiva de los megaproyectos solares Ticul A y Ticul B, que pretendían instalarse en los municipios de Muna, Sacalum y Ticul, en Yucatán. La decisión se concretó luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dejara sin efectos las autorizaciones ambientales de ambos desarrollos, en cumplimiento de una sentencia obtenida por las comunidades.
De acuerdo con la información difundida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la resolución representa un precedente relevante para la transición energética en México, al colocar en el centro la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la defensa del territorio. Aunque los proyectos estaban enfocados en la generación de energía renovable, las comunidades y organizaciones señalaron que su desarrollo implicaba impactos ambientales, sociales y culturales de gran alcance.
Los proyectos contemplaban la instalación de un millón 183 mil 500 paneles solares y la remoción de aproximadamente 603 hectáreas de selva media, con una capacidad conjunta cercana a los 299 megawatts de energía. Ticul A tenía prevista una capacidad de 195 megawatts, mientras que Ticul B alcanzaría 103.5 megawatts.
Entre las principales preocupaciones se encontraban los posibles daños a los servicios ambientales de la selva, afectaciones a especies de flora y fauna protegidas, así como alteraciones en los procesos de polinización realizados por abejas y murciélagos, fundamentales para el equilibrio ecológico y para diversas actividades productivas en la región. También se advirtió sobre riesgos relacionados con el acceso al agua, la recarga del acuífero, el aumento de la temperatura local, la generación de residuos peligrosos y una mayor vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos como los huracanes.
La defensa legal comenzó en 2019, cuando habitantes de las comunidades promovieron una demanda de amparo para impedir el inicio de las obras. En 2023, un Tribunal Colegiado concedió la suspensión definitiva de los efectos de los permisos otorgados, y en noviembre de 2025 emitió una sentencia que amparó y protegió a las comunidades mayas, ordenando a la autoridad ambiental dejar sin efecto las autorizaciones correspondientes.
Como parte del cumplimiento de esa resolución, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat notificó el 14 de abril la emisión de resoluciones administrativas mediante las cuales quedaron sin efectos las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo de ambos megaproyectos.
El caso también abre una discusión más amplia sobre la manera en que deben impulsarse los proyectos de energía renovable en el país. Especialistas y organizaciones civiles han insistido en que la transición energética no debe limitarse a sustituir fuentes contaminantes por fuentes limpias, sino que debe garantizar evaluaciones ambientales integrales, participación efectiva de las comunidades y respeto a los derechos de los pueblos originarios.
Con esta resolución, las comunidades mayas de Muna y Sacalum cierran una lucha de varios años en defensa de su territorio, su entorno natural y sus formas de vida. La cancelación de Ticul A y Ticul B marca un precedente para futuros proyectos de infraestructura energética en Yucatán y en México, especialmente en regiones donde la conservación ambiental y los derechos comunitarios deben ser considerados desde el inicio de cualquier proceso de autorización.
