Por: Francisco Garfias
“La corrupción se barre como las escaleras, de
arriba para abajo…”, suele repetir AMLO cada vez que se le ofrece. Pero todo ha
quedado en palabras con los casos de corrupción denunciados desde que se
instaló la 4T, en diciembre de 2018.
La escoba no ha funcionado con personajes ligados al
presidente López Obrador que todos conocemos: Los hermanos, la prima, miembros
de su gabinete legal y ampliado. Pero también se quedó atorada con un
funcionario del régimen anterior
involucrado en el caso de Odebrecht: Emilio Lozoya.
El exdirector de Pemex se acogió a una figura que ha
evitado que pise la cárcel: el criterio de oportunidad (algo así como el
testigo protegido en Estados Unidos)
El Presidente tiene ahora una nueva oportunidad de
cumplir ese compromiso: El INE acreditó que altos funcionarios de su gobierno
incurrieron en irregularidades para
financiar a Morena en el Estado de México.
Se trata de Delfina Gómez, titular de la SEP, y
Héctor Duarte, administrador de Aduanas del SAT. Ella fue alcaldesa de Texcoco
entre 2013 y 2015; él fungía como secretario del ayuntamiento. El instituto
también involucró a Higinio Martínez, quién ya alzó la mano para buscar la
candidatura de Morena al gobierno del Estado de México en 2023.
Los involucrados
cobraban diezmo a los
trabajadores del ayuntamiento y a los del DIF de Texcoco. El monto involucrado
es de 13 millones 752 mil 414 pesos, pero la multa prevista por el INE a
Morena, si se aprueba el proyecto de resolución que será sometido al Consejo
General, no llega ni a la tercera parte: 4 millones 229 mil 225 pesos. Dice el
proyecto: “Lo descontaban (el diezmo) de la nómina por concepto de aportaciones
al Grupo de Acción Política (GAP), una corriente de Morena”.
Lo entregaban a dos militantes de Morena: (María
Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas.) Añade: “Para guardar las
apariencias, obtuvieron de los trabajadores una declaración de voluntariedad
para los descuentos con el concepto de aportaciones al Grupo de Acción Política
(GAP), la corriente que lideran Duarte y el propio Higinio Martínez.”
El proyecto tiene su origen en una denuncia que fue
presentada por el Partido Acción
Nacional contra Delfina Gómez en abril del 2017, cuando la hoy titular de la
SEP fue candidata de Morena al gobierno del Estado de México.
El INE pretende dar vista de estas irregularidades a
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales (Fepade), y a la UIF. Hay conductas que pudieran configurar delitos electorales,
subraya.
*Legisladoras de
distintos partidos políticos, incluido Morena, arroparon al
exdiputado federal, Sergio Mayer,
acusado de “tráfico de influencias”, por asumir activamente la defensa de una
joven agredida sexualmente por su padre.
Alexa, 19 años, hija del actor Héctor Parra, acusó a su padre de abusarla desde que tenía
seis años. El actor se encuentra
detenido desde hace dos meses en el Reclusorio Oriente.
La denuncia contra Mayer la puso Daniela Parra, la
hija mayor del actor encarcelado. Sus abogados
esperaron a que el exdiputado se quedara sin fuero para proceder contra
él. Pero, en lugar de amedrentarse, el expresidente de la Comisión de Cultura
de la Cámara baja redobló esfuerzos para
defender a la presunta víctima.
No es casual que senadoras como Josefina Vázquez
Mota, Xóchitl Gálvez, Minerva Hernandez,
Guadalupe Saldaña; Guadalupe Murguía,
Nadia Navarro, PAN; Guadalupe Covarrubias, Morena; Verónica Juárez,
excoordinadora de la bancada del PRD en San Lázaro, participaran en la rueda de
prensa que Mayer ofreció en el Senado.
*Al cierre de esta columna, el grupo plural de
trabajo que revisa artículo por artículo la famosa Ley Secundaria de Revocación
de Mandato se fue a receso. Horas de negociación con tintes esquizofrénicos: La
ley es empujada por el Presidente y obstaculizada por la oposición.
En el papel, permite al ciudadano quitar al mandatario a mitad del camino, si
el ciudadano considera que es mala su
gestión.
El impasse fue provocado por la pregunta: Morena y
sus aliados la sesgan hacia la ratificación; el Bloque de Contención hacia la
revocación, y Morena y sus aliados tienen los números para sacar la ley sin el
respaldo de la oposición. No requiere mayoría
calificada (dos tercios de los presentes).
Pero Ricardo Monreal, coordinador de la bancada
guinda y presidente de la Junta de Coordinación Política, se aplicó para que el
ordenamiento saliera por consenso y de este modo evitar su judicialización.
Por consenso o por mayoría, pero habrá Ley
Secundaria de Revocación de Mandato.
