Por: Lic. Edwin Carcaño Guerra MBA
En la gran estructura que
conforma el gobierno de México, existen tres grandes poderes: el ejecutivo, el
legislativo y el judicial. Cada uno tiene grandes retos y compromisos sociales.
Como instituciones, los tres tienen su razón de ser en servir a los individuos
para ayudarlos a alcanzar una vida plena, con educación, salud y seguridad. Es
un objetivo difícil mas no imposible. En muchos lugares del mundo, algunos países
han logrado generar instituciones muy eficientes que sirven a sus ciudadanos de
manera positiva. El gran problema es cuando estos poderes gubernamentales se
apartan de su función básica y les hacen daño a las personas.
México enfrenta un problema presupuestal
de gran magnitud: cada día la presión del gasto social le va ganando terreno al
presupuesto de infraestructura. Las necesidades de atención ciudadana van en
gran aumento. La llegada del grueso poblacional de la generación Millennial
(1983 – 2005) al mercado laboral va a cambiar muchas de las formas de hacer las
cosas. Cada año hay al 2´600,000 nuevos mexicanos entrando al área laboral. De
la misma manera, hay que aumentar la capacidad de los servicios de gobierno
ante esta nueva ola de mexicanos entrando a la edad productiva.
La presión gubernamental en el
gasto de infraestructura tiene que canalizarse hacia las Asociaciones Publico
Privadas (APPs). De esta manera el gasto social podrá seguir expandiéndose para
tratar de cubrir las mayores necesidades de la población. La rama del ejecutivo
con mayores retos ante estos cambios son los gobiernos municipales. Las nuevas
leyes de austeridad financiera los atan de manos para realizar tanto APPs como
deuda para generar proyectos. Por ello los alcaldes de México tienen que
administrar sus recursos con máxima eficiencia. El problema es que las municipalidades de México no están
capacitadas para enfrentar las nuevas reglas.
Los alcaldes entran con muy
buenas ideas de campaña al Palacio Municipal. Entran con la gente que los
acompañó durante la carrera electoral y arman un equipo lo más capaz posible.
Sin embargo, las cosas empiezan a ponerse mal cuando llegan a la tesorería y no
hay nada de presupuesto. También encuentran deudas muy caras de pagar. Cuando
llega la temporada de recolectar el impuesto predial, un gran porcentaje de ese
ingreso nunca llega. Los sistemas de agua potable no son rentables. Subir
impuestos es impensable ya que significaría perder la reelección tres años
después. Ser alcalde es sacarse el tigre de la rifa.
Aquellos presidentes municipales
que creen que poniéndose en fila para que los reciba “Doña Fede” van a
encontrar las soluciones a sus problemas, les tengo una mala noticia: La Federación no
tiene recursos. Es mejor la opción de armar un Plan de Ordenamiento Financiero
y empezar a enfrentar las necesidades de la alcaldía con optimización de
recursos propios. Esto incluye mejorar la dinámica del marco legal y generar
proyectos ejecutivos que se aprueben en el H. Congreso del Estado. Ahí radica
uno de los secretos de las nuevas reglas del juego: una buena relación
legislativa para ir aprobando los proyectos que la sociedad más necesita.
Los proyectos sociales más
importantes para un municipio tienen que ver con el agua potable, la
recolección de basura, la seguridad y el desarrollo urbano. Los H. Congresos
Estatales ahora tienen la responsabilidad de aprobar los proyectos municipales
que signifiquen deuda o Asociaciones Público Privadas. Es importante que ante
esta nueva responsabilidad, los Diputados tengan una mejor disposición a los
proyectos que impliquen mejorar la infraestructura de las municipalidades. Más
importante aún, es brindar una buena capacitación a los tesoreros municipales
para poder enfrentar, de manera exitosa, los retos que avecinan al país.
La ciudadanía no puede esperar a
que la clase política asimile intelectualmente sus necesidades. Los tiempos de
desarrollo y de progreso económico no pueden esperar.
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@ecarcanog
