El gobierno del presidente Donald Trump ha establecido como objetivo deportar a un millón de personas durante el año 2025, una cifra que, de alcanzarse, representaría más del doble de las deportaciones registradas en 2011. Para lograr esta meta, la administración está en conversaciones con aproximadamente 30 países para facilitar la expulsión de migrantes que no son ciudadanos de esos estados.
Sin embargo, expertos y funcionarios actuales cuestionan la viabilidad de esta meta debido a limitaciones de recursos financieros y humanos, así como a la complejidad legal de procesar a millones de casos. Además, muchos de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos tienen derecho a una audiencia judicial antes de ser deportados, lo que añade desafíos al plan.
En un esfuerzo por agilizar el proceso, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, ha propuesto implementar un modelo inspirado en el sistema de entregas de Amazon, utilizando “escuadrones de camiones” para transportar a los deportados de manera más eficiente. Esta estrategia busca emular la eficiencia de servicios como Amazon Prime, pero aplicada al traslado de personas.
Además, la administración ha recurrido a medidas legales como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1897 para justificar la expulsión de ciertos migrantes. Por ejemplo, el 15 de marzo, 238 venezolanos fueron deportados a El Salvador bajo esta normativa, acusados de pertenecer a bandas criminales sin que se presentaran pruebas concluyentes.
La implementación de este plan de deportaciones masivas ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han expresado su inquietud por las posibles violaciones a los derechos fundamentales de los migrantes y por las implicaciones humanitarias de tales acciones.
En resumen, aunque el gobierno de Trump ha establecido una meta ambiciosa de deportar a un millón de personas en 2025, diversos factores, incluyendo limitaciones logísticas, legales y éticas, podrían dificultar la realización de este objetivo. La situación continúa evolucionando, y se espera que en los próximos meses se clarifiquen las estrategias y resultados de esta política migratoria.
