La confrontación entre el expresidente Donald Trump y las universidades de élite en Estados Unidos ha sumado un nuevo capítulo, esta vez con una medida que amenazaba directamente la diversidad y el carácter internacional de una de las instituciones más reconocidas del mundo: Harvard. En una decisión que generó reacciones inmediatas tanto en el ámbito académico como en el político, un juez federal bloqueó temporalmente la orden del gobierno de Trump que prohibía a la universidad inscribir a estudiantes internacionales.
Todo comenzó cuando el Departamento de Seguridad Nacional, bajo dirección del actual equipo de Trump, intentó revocar la certificación de Harvard para admitir estudiantes extranjeros, acusándola de promover un ambiente “inseguro”, permitir protestas “antiamericanas” y, aún más polémico, insinuando posibles vínculos con el Partido Comunista Chino. La administración incluso exigió que Harvard entregara información detallada de sus alumnos extranjeros involucrados en actividades consideradas “peligrosas”, dándole solo 72 horas para cumplir.
La respuesta de la universidad fue inmediata y contundente: Harvard presentó una demanda federal, acusando al gobierno de represalia inconstitucional que violaba la Primera Enmienda y el derecho al debido proceso. Más allá del conflicto legal, la universidad enfatizó que la medida pondría en riesgo a más de 7,000 estudiantes internacionales, quienes representan cerca del 25% del total del alumnado. Harvard advirtió que las consecuencias serían “inmediatas y devastadoras”, no solo para la comunidad académica, sino para el prestigio internacional de la institución.
La jueza federal Allison Burroughs, desde el tribunal de Boston, falló a favor de Harvard y otorgó una orden de restricción temporal, bloqueando la ejecución de la medida gubernamental. En su fallo, advirtió que permitir la entrada en vigor del veto provocaría un “daño irreparable” a la universidad. De este modo, Harvard podrá seguir admitiendo estudiantes internacionales mientras se resuelve el proceso legal en curso.
El presidente interino de la universidad, Alan Garber, fue claro: “Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”. En su mensaje, también subrayó que la institución ha reforzado su política interna para atender preocupaciones sobre antisemitismo y seguridad en el campus, pero que eso no puede ser excusa para sacrificar los principios de libertad académica y diversidad.
Este enfrentamiento se suma a una serie de roces entre la administración Trump y el sector educativo, especialmente en temas de migración, libertad de expresión y autonomía universitaria. Diversas universidades en el extranjero ya han manifestado su disposición para recibir a los estudiantes que pudieran verse afectados por esta ofensiva legal, demostrando que el alcance del conflicto traspasa fronteras.
La audiencia clave está programada para el 27 de mayo, y se anticipa que el fallo final podría sentar un precedente relevante sobre hasta dónde puede llegar un gobierno federal en la regulación de las instituciones educativas en nombre de la seguridad nacional. Mientras tanto, Harvard, con el respaldo judicial de su lado, defiende no solo a sus estudiantes, sino a una visión global de la educación que, frente a los muros, sigue apostando por los puentes.
