El Gobierno de España ha aprobado un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 50 euros mensuales, situándolo en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 euros anuales. Este aumento implica que, por primera vez, los perceptores del SMI deberán tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que supera el umbral exento de 15.876 euros establecido previamente.
Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda ajustaba el límite exento del IRPF con cada subida del SMI para evitar que los beneficiarios tuvieran que pagar este impuesto. Sin embargo, en esta ocasión, ha decidido no realizar dicha adaptación, lo que ha generado tensiones dentro del Gobierno y críticas por parte de diversos sectores políticos.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado su desacuerdo con la medida, afirmando que “la justicia social empieza por arriba, no por abajo”. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido la decisión, señalando que “todos los salarios tributan, y cuando un salario mínimo pasa del mínimo exento, pues se puede hablar, pero … “.
Se estima que alrededor del 20% de los perceptores del SMI, principalmente solteros sin hijos, se verán afectados por esta medida, con una retención aproximada de 300 euros anuales en concepto de IRPF. El resto de los beneficiarios, debido a sus circunstancias personales y familiares, seguirán exentos de tributación.
Esta decisión ha generado un amplio debate político y social en España, poniendo de manifiesto las diferencias de criterio dentro del Gobierno y entre las distintas fuerzas políticas respecto a la fiscalidad y la justicia social.
