El gobierno de Nayib Bukele ha impulsado una nueva propuesta de reforma penal que contempla la posibilidad de aplicar cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años, una medida que ha generado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional.
La iniciativa forma parte de la estrategia de seguridad implementada por las autoridades salvadoreñas para combatir el crimen organizado y las pandillas, fenómeno que ha marcado la agenda pública del país en los últimos años. Según la información difundida, el objetivo principal es endurecer las sanciones contra delitos graves cometidos por menores vinculados a estructuras criminales.
De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo, la reforma busca cerrar vacíos legales que, según argumentan, han permitido que organizaciones delictivas utilicen a menores para cometer crímenes. En ese contexto, las autoridades sostienen que “no puede haber impunidad para delitos graves, independientemente de la edad de quien los cometa”.
Sin embargo, la propuesta ha sido objeto de críticas por parte de organismos de derechos humanos y especialistas en justicia juvenil, quienes advierten sobre posibles violaciones a tratados internacionales y principios fundamentales de protección a la niñez. Diversas organizaciones han señalado que medidas de este tipo podrían contravenir estándares que priorizan la reinserción social de los menores en conflicto con la ley.
Expertos en derecho también han expresado preocupación por el impacto que una legislación de esta naturaleza podría tener en el sistema judicial y penitenciario del país, así como en la garantía de derechos fundamentales para la población infantil.
El debate continúa mientras la propuesta avanza en el proceso legislativo, en un contexto donde la política de seguridad del gobierno salvadoreño sigue siendo uno de los temas más discutidos tanto dentro como fuera del país.
