El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha calificado como “secuestros” las recientes deportaciones de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador. Estas acciones se realizaron bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por el presidente estadounidense Donald Trump, y han generado una fuerte reacción por parte del gobierno venezolano.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció que los deportados no han cometido delitos ni en Estados Unidos ni en El Salvador, y que se les ha negado el debido proceso legal. Rodríguez afirmó que “no vamos a descansar hasta que rescatemos a los secuestrados en El Salvador”.
En respuesta a estas deportaciones, el gobierno venezolano está evaluando emitir una alerta para que sus ciudadanos eviten viajar a Estados Unidos, argumentando que no es un país seguro y que allí podrían enfrentar violaciones a sus derechos humanos.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los deportados son presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, considerada una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, el gobierno venezolano rechaza estas acusaciones y considera las deportaciones como una violación de los derechos humanos.
El gobierno de El Salvador, por su parte, ha confirmado la recepción de los deportados y su traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha expresado su disposición para colaborar en la detención de estos individuos, en el marco de su política de mano dura contra las pandillas y el crimen organizado.
