La administración del presidente Donald Trump presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para revocar el programa de “parole” humanitario que beneficia a más de 530,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Este programa, implementado durante el mandato del expresidente Joe Biden, permite a ciertos migrantes residir y trabajar legalmente en el país por un período de hasta dos años, siempre que cuenten con un patrocinador financiero en Estados Unidos.
El 20 de enero de 2025, en su primer día de regreso al poder, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a este programa. Posteriormente, en marzo, el Departamento de Seguridad Nacional inició acciones para revocar anticipadamente los permisos otorgados, afectando a aproximadamente 400,000 personas. Sin embargo, en abril, la jueza federal Indira Talwani bloqueó esta medida, argumentando que la ley exige una evaluación individualizada de cada caso antes de revocar el estatus legal de los beneficiarios.
En la solicitud presentada al máximo tribunal, el procurador general John Sauer afirmó que la decisión de la jueza Talwani “ha anulado una de las políticas de inmigración más importantes” para el gobierno de Trump y que su fallo “interrumpe innecesariamente políticas que son calibradas con mucho cuidado para frenar la entrada ilegal al país, viciando así facultades exclusivas del poder ejecutivo” .
El programa de “parole” humanitario fue establecido por la administración Biden en octubre de 2022 … migrantes de países con crisis humanitarias, como Venezuela. En enero de 2023, se amplió para incluir a ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua. Hasta la fecha, se estima que más de 530,000 personas han sido beneficiadas por este programa, incluyendo aproximadamente 210,000 haitianos, 110,000 cubanos, 117,000 venezolanos y 93,000 nicaragüenses.
La Corte Suprema ha solicitado a los demandantes, un grupo de migrantes y sus patrocinadores, que respondan a la solicitud del gobierno antes del 15 de mayo. Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación por las posibles consecuencias de la eliminación del programa, señalando que podría dejar a cientos de miles de personas en situación de vulnerabilidad y sin protección legal en Estados Unidos.
