El 27 de noviembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 21 altos funcionarios del gobierno venezolano, acusándolos de participar en fraude electoral y en la represión de manifestantes tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Entre los sancionados se encuentran miembros de la Guardia Nacional, la policía, los servicios de inteligencia y contrainteligencia, así como ministros del gabinete de Nicolás Maduro.
Estas medidas se producen después de que Washington y el Grupo de los Siete (G7) reconocieran al líder opositor Edmundo González como ganador legítimo de los comicios, en contraposición a la proclamación de victoria de Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo controlado por el oficialismo. La oposición presentó pruebas que indican que González obtuvo una victoria con una ventaja de dos a uno.
Además de las sanciones económicas, Estados Unidos implementará restricciones de visa a un número significativo de funcionarios alineados con Maduro, sumándose a los casi 2,000 individuos que ya enfrentan tales restricciones. Sin embargo, la administración estadounidense ha decidido mantener las licencias que permiten a empresas petroleras como Chevron operar en Venezuela, argumentando que los ingresos, estimados en 500 millones de dólares mensuales, son esenciales para la economía venezolana.
Estas acciones preceden la próxima toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha designado a figuras conocidas por su postura crítica hacia el régimen de Maduro, como Marco Rubio y Mike Waltz, para ocupar cargos clave en su administración.
En respuesta, el gobierno venezolano ha iniciado investigaciones contra líderes opositores, incluyendo a María Corina Machado, quien ha sido objeto de persecución y se encuentra en la clandestinidad. Por su parte, Edmundo González, actualmente exiliado en España, ha expresado su intención de regresar a Venezuela para asumir la presidencia el 10 de enero de 2025.
Estas sanciones reflejan la continua presión internacional sobre el gobierno de Maduro y subrayan el compromiso de Estados Unidos y sus aliados en promover procesos democráticos y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
