La Organización de las Naciones Unidas encendió una nueva alerta internacional tras documentar un aumento histórico de asesinatos y mutilaciones de menores en conflictos armados durante 2025, año que fue calificado como uno de los más graves para la protección de la infancia desde que el organismo comenzó a recopilar este tipo de información.

De acuerdo con el más reciente informe del secretario general de la ONU sobre niños y conflictos armados, durante el año pasado se verificaron 38 mil 558 violaciones graves contra menores, una cifra que refleja el deterioro de las condiciones de seguridad en distintas regiones del mundo y el impacto directo que las guerras siguen teniendo sobre la población infantil.

El documento señala que 24 mil 174 niñas, niños y adolescentes fueron afectados por este tipo de hechos, mientras que miles de ellos sufrieron más de una violación a sus derechos. Entre los abusos más registrados se encuentran los asesinatos, las mutilaciones, el reclutamiento forzado, la utilización de menores por grupos armados, los secuestros, la violencia sexual y la denegación de acceso humanitario.

La ONU advirtió que los asesinatos y mutilaciones de menores aumentaron 34 por ciento en comparación con 2024, lo que representa una de las señales más alarmantes sobre la manera en que los conflictos armados han dejado de distinguir entre combatientes y población civil. En este escenario, los niños no sólo quedan atrapados en medio de la violencia, sino que también se convierten en víctimas directas de ataques, desplazamientos, abusos y privación de ayuda esencial.

Vanessa Frazier, representante especial del secretario general para Niños y Conflictos Armados, afirmó que “2025 fue, sin lugar a dudas, uno de los capítulos más oscuros para la protección de la infancia desde que comenzó el monitoreo”. Su declaración resume la gravedad de un informe que no sólo presenta cifras, sino que exhibe un debilitamiento preocupante del respeto al derecho internacional humanitario.

El reporte también identifica a Israel y Palestina, la República Democrática del Congo, Nigeria, Birmania, también conocida como Myanmar, y Somalia como los lugares donde se concentró el mayor número de violaciones graves verificadas contra menores durante 2025. Estos territorios, marcados por conflictos prolongados, crisis humanitarias y altos niveles de violencia, reflejan la vulnerabilidad extrema en la que viven millones de niños.

Uno de los datos más preocupantes del informe es que, por primera vez, las fuerzas gubernamentales aparecen como las principales responsables de violaciones graves contra menores. Para la ONU, este cambio representa “un preocupante giro” en medio de un contexto de “absoluto desprecio por el derecho internacional”, especialmente por el uso de armamento explosivo en zonas densamente pobladas y por la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en procesos de selección de objetivos militares.

Frazier advirtió que “cuando los Estados, sobre los que recae la obligación de proteger a los niños, contribuyen en cambio a su sufrimiento, ello indica una erosión aún más profunda del respeto al derecho internacional”. La funcionaria subrayó que los principios de humanidad, distinción, proporcionalidad y necesidad deben ser restablecidos sin excepción.

La violencia sexual contra menores también continúa siendo una de las prácticas más graves documentadas por la ONU. El informe señala que este tipo de agresiones persiste “sin freno” como táctica de guerra, junto con secuestros que en muchos casos tienen como finalidad el reclutamiento, la explotación o el sometimiento de niñas y niños a abusos sexuales.

A la par, la denegación de acceso humanitario se mantiene como otra forma de violencia contra la infancia. Cuando los menores no pueden recibir alimentos, medicinas, atención médica, refugio o protección, las consecuencias de la guerra se agravan y se prolongan incluso después de los ataques. La falta de asistencia deja a miles de niños expuestos al hambre, enfermedades, desplazamiento forzado y muerte.

El informe de la ONU no sólo funciona como un registro de abusos, sino como un llamado urgente a los Estados, organismos internacionales y partes involucradas en conflictos armados para reforzar la protección de la infancia, garantizar el acceso humanitario y respetar las normas del derecho internacional. La organización insistió en que los niños afectados por la guerra deben ser tratados como víctimas y recibir apoyo para su recuperación, reintegración y protección.

Las cifras de 2025 muestran que la infancia continúa pagando uno de los costos más altos de las guerras modernas. Mientras los conflictos se intensifican y las armas se utilizan en zonas pobladas, miles de menores siguen quedando atrapados en escenarios donde deberían estar protegidos. Para la ONU, el mensaje es claro: la comunidad internacional no puede normalizar que los niños sean asesinados, mutilados, reclutados o privados de ayuda en medio de conflictos armados.

La investigación judicial del caso Plus Ultra en España dio un nuevo giro luego de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordara investigar a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. La decisión se produjo después de la comparecencia judicial del exmandatario socialista, quien ya figura como investigado dentro de una causa relacionada con presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

De acuerdo con la información publicada por Latinus con base en EFE, el magistrado dictó un auto para poner la causa en conocimiento de las hijas y de la secretaria del exjefe de Gobierno, con el objetivo de que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y ejercer su derecho de defensa. La resolución contempla que las tres sean citadas en una determinación posterior, por lo que el proceso continuará con nuevas diligencias dentro de la Audiencia Nacional.

El punto central de la investigación sobre Alba y Laura Rodríguez Espinosa se relaciona con la empresa Whathefav, sociedad administrada por ambas y señalada por los investigadores como parte del esquema financiero bajo revisión. El juez considera que el presunto “papel instrumental” de esta compañía en la canalización de fondos coloca a las hijas de Zapatero dentro del grupo de personas que podrían verse afectadas por la imputación.

En el caso de Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, el magistrado retomó los indicios ya expuestos en el auto de imputación de Zapatero. Según la información difundida, la colaboradora habría tenido “un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias”, frase atribuida a la resolución judicial citada por EFE.

El caso Plus Ultra gira en torno al rescate público concedido en 2021 a la aerolínea del mismo nombre, que recibió un préstamo de 53 millones de euros durante la crisis provocada por la pandemia. Las pesquisas buscan determinar si existieron gestiones irregulares o presiones indebidas para favorecer a la compañía mediante fondos públicos. Zapatero, por su parte, negó ante la justicia haber ejercido influencia alguna para beneficiar a la aerolínea, según fuentes jurídicas citadas por EFE.

La causa también ha generado un fuerte impacto político y mediático en España debido a que involucra al entorno más cercano de un expresidente del Gobierno. Además de las acusaciones vinculadas con tráfico de influencias y blanqueo de capitales, la investigación contempla otros posibles delitos relacionados con una caja fuerte localizada en una oficina de Zapatero, donde fueron halladas joyas valuadas en 1.3 millones de euros, cuyo origen y situación tributaria también forman parte del debate público.

Aunque la investigación se encuentra en curso, la ampliación de las diligencias hacia las hijas y la secretaria de Zapatero aumenta la presión judicial sobre el exmandatario socialista y abre una nueva etapa en el caso Plus Ultra. Por ahora, las personas señaladas mantienen sus derechos procesales y la presunción de inocencia, mientras el juez avanza en la revisión de documentos, operaciones financieras y posibles vínculos entre la empresa familiar y la trama investigada.

Un turista canadiense de 69 años murió en el Parque Nacional Kruger, la reserva natural más grande de Sudáfrica, luego de recibir un disparo presuntamente accidental por parte de un guía privado durante una actividad turística realizada dentro del complejo. El hecho ocurrió la noche del miércoles 17 de junio, en una zona de pícnic y comida cercana a la puerta de acceso de Phabeni, donde una empresa privada autorizada organiza experiencias para visitantes.

De acuerdo con la información preliminar difundida por Parques Nacionales Sudafricanos, conocido como SANParks, el visitante formaba parte de un grupo que no estaba hospedado dentro del parque, sino que había acudido únicamente para participar en una cena al aire libre organizada por la compañía concesionaria. La víctima fue alcanzada por una bala en la parte superior del cuerpo y, pese a la presencia de personal en la zona, fue declarada muerta en el sitio.

La versión inicial apunta a que el guía privado, vinculado con el operador de la concesión, manipulaba un rifle cuando el turista se acercó para preguntarle si el arma era real. Según las pesquisas preliminares de la Policía de Mpumalanga, el guía le habría mostrado el arma y, en ese momento, se produjo el disparo que terminó con la vida del visitante. Las autoridades investigan el caso como posible homicidio culposo y por presunta manipulación negligente de un arma de fuego.

SANParks calificó el hecho como un “disparo accidental” y señaló que colaborará con las investigaciones abiertas por las autoridades sudafricanas. La institución también expresó sus condolencias a los familiares y allegados del turista fallecido, mientras la policía continúa con las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.

El comisario provincial interino de la Policía de Mpumalanga, Zeph Mkhwanazi, afirmó que “las cuestiones relacionadas con la seguridad de las armas de fuego son muy importantes” y subrayó que las investigaciones seguirán su curso para esclarecer cómo ocurrió el disparo y si se cumplieron los protocolos de seguridad durante la actividad turística.

El caso ha generado conmoción debido a que ocurrió en uno de los destinos naturales más reconocidos de África, visitado cada año por turistas nacionales y extranjeros interesados en observar fauna silvestre en su hábitat. El Parque Nacional Kruger es uno de los principales atractivos turísticos de Sudáfrica y cuenta con actividades organizadas tanto por la administración pública como por operadores privados autorizados.

La tragedia se suma a otro episodio reciente que también sacudió al parque, luego de que dos turistas sudafricanos fueran hallados muertos con heridas de arma blanca en una zona remota de la reserva. Por ese caso, considerado de gran impacto para el parque, fueron detenidos a principios de junio dos ciudadanos mozambiqueños durante una operación conjunta entre autoridades de Sudáfrica y Mozambique.

Mientras avanza la investigación, el fallecimiento del turista canadiense vuelve a colocar bajo revisión los protocolos de seguridad en actividades turísticas dentro de reservas naturales, especialmente aquellas en las que personal autorizado porta armas de fuego como parte de sus funciones de protección y control en zonas silvestres.

Estados Unidos anunció una revisión integral de su presencia militar y de sus bases en Europa, una decisión que llega en medio de crecientes tensiones con sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y bajo el argumento de que los países europeos deben asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa. El anuncio fue realizado este jueves 18 de junio de 2026 por Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, durante una reunión de ministros de Defensa de la OTAN.

De acuerdo con lo informado por EFE, Hegseth explicó que el Departamento de Guerra llevará a cabo una revisión que podría extenderse hasta seis meses, aunque también dejó abierta la posibilidad de que el proceso concluya antes. La evaluación analizará la postura de fuerza estadounidense en Europa, así como el papel de las bases militares de Estados Unidos en el continente, en un momento en el que Washington busca redefinir el equilibrio de responsabilidades dentro de la alianza atlántica.

Durante su intervención ante los ministros aliados de Defensa, Hegseth afirmó que Estados Unidos está redoblando esfuerzos para convertir a la OTAN en lo que describió como una alianza más equilibrada. En sus palabras, el objetivo es avanzar hacia una “OTAN 3.0”, en la que Europa asuma el liderazgo de su propia defensa y deje de depender de manera predominante del respaldo militar estadounidense.

El funcionario estadounidense señaló que esta revisión se realizará en coordinación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el mando europeo, además de incluir consultas con el Congreso estadounidense y con los países aliados. Sin embargo, advirtió que no se tratará de un trámite menor, sino de una evaluación profunda sobre el papel que deben tener las fuerzas estadounidenses en territorio europeo en los próximos años.

El anuncio se produce antes de la cumbre de la OTAN programada para los días 7 y 8 de julio en Ankara, donde los líderes de la alianza buscarán definir nuevas líneas de cooperación y compromisos de defensa. En ese contexto, Washington pretende que los países europeos aceleren el cumplimiento de sus metas de gasto militar y fortalezcan sus capacidades propias frente a los desafíos de seguridad en la región.

Hegseth sostuvo que la revisión tiene como propósito garantizar que la OTAN avance “con rapidez y de forma irreversible” hacia un liderazgo europeo en materia de defensa convencional. También indicó que Estados Unidos necesita asegurarse de que sus fuerzas estén preparadas para responder a sus necesidades globales, no únicamente a las exigencias del frente europeo.

Otro punto central del mensaje fue el acceso estadounidense a bases y rutas de sobrevuelo en Europa. El secretario de Guerra señaló que Washington busca que esos permisos estén claramente delimitados y asegurados, después de criticar que algunos aliados no permitieran el uso de bases estadounidenses ubicadas en sus territorios para operaciones vinculadas con la contienda contra Irán.

La postura de Estados Unidos también alcanzó el tema financiero. Hegseth advirtió que las cuotas anuales que Washington aporta a la OTAN dependerán de que el resto de los países cumpla con sus objetivos de gasto en defensa. En ese sentido, afirmó que la OTAN debe ser una “vía de doble sentido” y sostuvo que Estados Unidos no puede asumir ni pagar más por la defensa de Europa que sus propios aliados.

El funcionario fue más allá al advertir que Washington observará de cerca a los países que no cumplan con los compromisos establecidos o que mantengan posturas ambiguas frente al aumento de sus responsabilidades. Incluso anticipó que algunos aliados podrían “reprobar” en esta revisión, mientras que otros podrían obtener una evaluación positiva por su nivel de compromiso con la defensa común.

Pese al tono firme del mensaje, Hegseth presentó la iniciativa como una medida constructiva y no como una ruptura con la alianza. Aseguró que la revisión busca fortalecer tanto la postura militar estadounidense como el futuro de la OTAN, aunque bajo una lógica distinta: menos dependencia de Washington y mayor liderazgo europeo en la defensa del continente.

Con esta decisión, Estados Unidos abre una nueva etapa de presión sobre sus socios europeos, en la que la permanencia, alcance y condiciones de su presencia militar en Europa quedarán sujetas a una evaluación estratégica. El mensaje de Washington es claro: la OTAN seguirá siendo una alianza clave, pero sus miembros deberán demostrar con recursos, decisiones y compromisos concretos que están dispuestos a asumir el peso de su propia seguridad.

Ucrania lanzó durante la noche uno de los ataques con drones más intensos contra territorio ruso desde el inicio de la guerra, al lograr impactar una refinería ubicada en la región de Kapotnia, al sureste de Moscú. La ofensiva, que provocó incendios en un complejo industrial, representa un nuevo golpe contra la infraestructura energética rusa y eleva la tensión en una etapa marcada por ataques cada vez más profundos dentro del territorio de Rusia.

De acuerdo con la información difundida por Latinus, con base en EFE, el ataque logró penetrar las defensas rusas y alcanzó un complejo de refinerías que ya había sido atacado el martes anterior. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó a través de Telegram que las defensas aéreas continuaban repeliendo la ofensiva y reconoció que “varios drones lograron alcanzar una refinería de petróleo de Moscú”. También señaló que restos de un dron derribado cayeron sobre un centro comercial cercano al polígono industrial donde se encuentran las instalaciones petroleras.

La magnitud del ataque fue reconocida por las propias autoridades rusas. Sobianin estimó que más de 190 drones fueron derribados durante la noche cuando tenían como objetivo la capital rusa, mientras que la agencia Tass lo consideró el mayor ataque sufrido por Rusia en dos años. A nivel nacional, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado 555 drones ucranianos de ala fija en distintas regiones, entre ellas Moscú, Briansk, Rostov, Bélgorod, Kursk, Kaluga, Tula, Riazán y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

El impacto no se limitó a la capital. Autoridades regionales reportaron 60 drones derribados en Briansk y otros 60 en Rostov, donde una persona murió y dos más resultaron heridas en la ciudad de Gúkovo. Además, durante la noche se activaron alertas por amenaza de misiles en varias regiones rusas, incluida por primera vez Nóvgorod, situada entre Moscú y San Petersburgo, lo que refleja el alcance cada vez mayor de las operaciones ucranianas.

Desde Ucrania, el ataque fue presentado como parte de la respuesta a la continuidad de la guerra. Andrí Kovalenko, responsable de combatir la desinformación en el Consejo para la Seguridad de Ucrania, afirmó en Telegram que “ahora esto es la normalidad porque Putin no quiere poner fin a la guerra”, en referencia a los incendios registrados en la refinería y a la columna de humo negro visible tras los impactos.

El ataque contra Kapotnia confirma que Kiev mantiene una estrategia enfocada en debilitar la capacidad energética y logística de Rusia. Medios internacionales reportaron que la refinería de Moscú fue golpeada por segunda vez en la semana, en una ofensiva que también generó interrupciones en vuelos y afectaciones en la vida cotidiana de la capital rusa. La acción refuerza el mensaje de Ucrania de que puede llevar la guerra a puntos sensibles del territorio ruso, incluso cerca de su centro político y económico.

Mientras Moscú insiste en que sus defensas aéreas lograron interceptar la mayoría de los aparatos, el hecho de que varios drones hayan alcanzado una instalación petrolera estratégica evidencia la presión que enfrenta Rusia para proteger infraestructura crítica. La ofensiva marca un nuevo capítulo en la guerra de drones entre ambos países, una dinámica que ha transformado el conflicto y que ahora coloca a las refinerías, centros industriales y rutas energéticas como objetivos prioritarios dentro de una confrontación que continúa escalando.

La Asamblea Nacional de Corea del Sur abrió una investigación para esclarecer la escasez de papeletas registrada durante las elecciones locales del pasado 3 de junio, un incidente que obligó a suspender temporalmente la votación en distintos centros y que encendió las alertas sobre la organización del proceso electoral en el país asiático.

De acuerdo con la información difundida por EFE y retomada por Latinus, la pesquisa será realizada por un comité especial integrado por 18 miembros y tendrá una duración de 45 días. La medida fue aprobada casi por unanimidad en el Parlamento surcoreano, con 250 votos a favor y solo uno en contra, lo que refleja la gravedad política que ha adquirido el caso.

El comité estará conformado por legisladores del gobernante Partido Demócrata, del opositor Partido del Poder Popular y de otras fuerzas minoritarias. Su objetivo será determinar cómo ocurrió la falta de papeletas, si hubo errores en la estimación del material necesario y si alguna autoridad electoral ignoró advertencias o señales previas sobre el posible desabasto.

La controversia surgió luego de que, durante la jornada electoral del 3 de junio, decenas de centros de votación reportaran falta de hojas oficiales para que los ciudadanos pudieran emitir su sufragio. Según los reportes, al menos 26 centros tuvieron que detener temporalmente el proceso durante varias horas, mientras se buscaba resolver la escasez de papeletas.

La Comisión Electoral Nacional, organismo encargado de calcular y distribuir el material electoral, quedó en el centro de la investigación. El comité parlamentario revisará si las estimaciones realizadas por la institución fueron suficientes y si existieron fallas administrativas que terminaron afectando el derecho al voto de los ciudadanos.

Yoon Sang-hyun, diputado del Partido del Poder Popular y jefe del comité especial, afirmó que el órgano investigador buscará esclarecer lo ocurrido y promover cambios en la gestión electoral. “El comité se compromete a hacer todo lo posible por descubrir la verdad e impulsar reformas en la gestión electoral, para que el derecho al voto nunca más vuelva a ser socavado”, declaró el legislador, de acuerdo con medios locales.

El caso también será revisado de manera paralela por una investigación penal independiente, en la que ya comenzaron a ser citados trabajadores electorales. Las autoridades buscan establecer responsabilidades y determinar si la escasez de papeletas fue únicamente resultado de una mala planeación o si existieron omisiones más graves dentro del organismo electoral.

La falta de papeletas provocó manifestaciones durante varios días en las inmediaciones de algunos centros de votación en Seúl. Para diversos ciudadanos, el incidente no solo representó una falla operativa, sino una afectación directa a la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar elecciones libres, ordenadas y transparentes.

La presión pública derivada del caso también tuvo consecuencias dentro de la Comisión Electoral Nacional, cuyo presidente, Roh Tae-ak, presentó su dimisión en medio del avance de las investigaciones y de las críticas por la gestión del proceso.

Aunque las autoridades surcoreanas deberán esperar los resultados de la investigación parlamentaria y penal, el episodio ya abrió un debate sobre la necesidad de reforzar los controles en la organización electoral. En un país con una vida democrática activa y una ciudadanía altamente movilizada, la falta de papeletas en una jornada de votación se convirtió en un problema institucional que el Parlamento buscará esclarecer con rapidez.