En una declaración cargada de simbolismo político y justicia histórica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la sentencia dictada por una corte de Estados Unidos contra Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, quienes deberán reintegrar al gobierno mexicano más de 748 millones de dólares. El fallo, resultado de un extenso proceso legal, representa uno de los mayores golpes a la corrupción de alto nivel en la historia reciente del país.
“Honor a quien honor merece”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina del 23 de mayo, al referirse al equipo legal que condujo la denuncia y a quienes iniciaron el proceso durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La actual presidenta también subrayó el papel clave de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en la consolidación del caso. El mensaje fue claro: el combate a la corrupción continúa siendo una prioridad del Estado mexicano, sin importar la jerarquía o el pasado político de los implicados.
Según explicó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la sentencia civil está relacionada con 30 contratos firmados entre 2009 y 2018, por un monto total de 625 millones de dólares y 93 millones de pesos, con instituciones como la Policía Federal, el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y el Organismo de Prisiones. Gómez detalló que estos contratos fueron utilizados como una estructura para el desvío sistemático de recursos públicos hacia cuentas vinculadas a García Luna y su entorno, lo cual ahora deberá ser resarcido.
La resolución se suma a la condena penal de 38 años de prisión que García Luna recibió en octubre de 2024 por cargos de narcotráfico y delincuencia organizada, dictada por una corte federal en Nueva York. Con este nuevo fallo económico, el exfuncionario más poderoso en materia de seguridad del sexenio de Felipe Calderón enfrenta un cerco legal tanto en lo penal como en lo financiero, que marca un precedente sin igual en la lucha contra la corrupción en México.
Sheinbaum aprovechó el momento para refrendar su compromiso con la transparencia y la recuperación de lo que es del pueblo: “Vamos a seguir luchando por devolver lo robado, por castigar a quienes traicionan la confianza de la ciudadanía, y por demostrar que la justicia no es una promesa, sino una acción”. También reconoció que este tipo de sentencias son un paso firme para restaurar la confianza de los mexicanos en sus instituciones.
Este caso, que ha generado atención internacional, no solo exhibe las fallas estructurales de gobiernos anteriores, sino que también coloca en el centro del debate el alcance de la justicia transnacional en temas de corrupción. La condena contra García Luna y su esposa no es solo una cifra: es el reflejo de un país que, poco a poco, exige cuentas a quienes antes parecían intocables.
La batalla legal aún no termina. El gobierno mexicano continúa con acciones para localizar y asegurar bienes relacionados con el exfuncionario y su red, tanto en territorio nacional como en el extranjero. La sentencia marca un parteaguas que podría redefinir la manera en que México persigue los delitos financieros cometidos por figuras de alto perfil, y Sheinbaum ya lo dejó claro: en su gobierno no habrá impunidad para nadie.
